Los decretos de la discordia

Al incierto conflicto con los docentes – y seguramente con el resto de la administración central cuando se conozca la misma propuesta – se le suma al Gobernador Perotti un intricado panorama político parlamentario con impredecibles derivaciones, como consecuencia de la firma de un par de decretos (135/20 y 133/20) que pondrían en serio riesgo la continuidad de las endebles negociaciones por la Ley de Necesidad Pública.

Se trata de dos normas administrativas que, al decir de la oposición ubican a la Provincia en una virtual convocatoria de acreedores, si fuese un privado. En rigor de la verdad, el decreto 135/20 reglamenta el artículo 54 de la ley de presupuesto de consolidación de deudas al 31/12/2019 (artículo que se agregó en el trámite legislativo a pedido de los interlocutores de Perotti, cuando a contra reloj se negociaba el presupuesto 2020 sobre finales del 2019); deuda que, en virtud del verbo imperativo "Consolídase...." interpuesto en la Ley, ya se consolidó con la promulgación de la ley de presupuesto.

El Poder Ejecutivo, vía reglamentación debía definir de qué manera. Y ardió Troya.

Conflictos en puerta con los contratistas.

Sucede que el decreto (135/20) define un procedimiento híper burocrático que significaría la parálisis de la propia administración en virtud, dicen los expertos, del surgimiento de una nueva deuda en cabeza del acreedor que consolida todas las acreencias que tenía, creándose un procedimiento similar a una  verificación de créditos en los concursos preventivos, donde el contratista o proveedor va a tener que presentar un expediente con todo lo que dice que le deben, cargar con la prueba, el ministerio de Economía podrá no admitirle parcialmente algo (ej. Por certificados de ampliaciones de obras que se hizo adenda y la misma no se llegó a aprobar por decreto antes del fin de la gestión), deducirle montos de impuesto que según API el contratista deba (o mandarle adrede fiscalizaciones de API con el mandato que le encuentren  diferencias) y después de todo eso poner al contratista o proveedor ante la situación de aceptar el monto y forma de pago que diga el Ministerio de Economía, o directamente hacer el reclamo administrativo por todo y luego vía contenciosa. Es decir, aceptar el paquete que le proponga el Estado o reclamar todo en la justicia.

Además, el Gobernador dictó el decreto 133/20 para, dicen, operar en tándem junto con el decreto 135/20 a los fines que hasta que se tenga el importe total consolidado del acreedor (que pasará a ser un solo importe por acreedor) lo que se paga se impute "a cuenta", y no a un concepto específico para clarificar que los pagos que se hagan sean "a cuenta" del futuro importe consolidado, y no imputados a un concepto.

Para la oposición frentista, en las dos normas aparecen soterradas vías de segundas intenciones, toda vez que mientras que con el decreto 135/20 se pone a todo el mundo en el proceso de consolidación, terceras empresas que tengan información privilegiada o acuerdos con el gobierno de que ciertos acreedores van a contar con pagos a cuenta, van a tener el posible negocio de ofrecer comprar todas las obras a una empresa (o la cesión de derechos de consolidación) a precio de saldo y hacer diferencia (entre el precio que pagan a un contratista que está ahogado y los pagos a cuenta que acordó informalmente con el gobierno) más antecedentes de obra.

Burocráticamente, el Gobernador hizo uso de la facultad discrecional de reglamentar una Ley, pero políticamente lo que la redacción de ambos decretos sugiere, según interpretan en el FPCyS, es poner a los contratistas y proveedores del estado en una situación extremadamente vulnerable, y merced a vaya uno a saber de qué oscuros intereses. Mientras se tejen tremebundas conjeturas que ensombrecen aún más el ya de por si oscuro panorama en las negociaciones por la Ley de Emergencia que, vía twitter, el Gobernador Perotti volvió a reclamar.

Salarios y política.

La cabeza gremial de AMSAFE Sonia Alesso disparó preventivamente: "no quisiera pensar que los docentes somos objeto de un chantaje para que haya una ley" (de Necesidad Pública). De esta manera, Alesso le respondió a la Ministra de Educación Adriana Cantero, quien el día que se dio a conocer la propuesta salarial, considerada “insuficiente” por las gremiales docentes, había sugerido que si hubiese estado la Ley de Necesidad quizás la propuesta podía haber sido mejor.

Los gremialistas docentes atravesaron el jueves pasado los tres estadios emocionales: asombro, desazón e ira, cuando en la sede el Ministerio de Trabajo la Ministra de Educación les hizo saber la propuesta salarial. “No lo podíamos creer”, solo atinaba a balbucear el titular de SADOP Pedro Bayúgar.

Básicamente, sobre los sueldos que cobran de este mes, la propuesta implica para el maestro de grado sin antigüedad, con plata de la Provincia recibirán $785 en blanco y $870 en negro (no remunerativo), haciendo un total de aumento provincial: $ 1.655, un 5,7%; mientras que con plata de Nación $1.210, o sea 3,7%; lo que suma en total de 9,4% de lo cual un 70% es “no remunerativo”.

La Ministra de Educación Cantero apela a la percepción psicológica comúnmente utilizada por los “coaching” para descomprimir conflictos apelando a otras visiones de una misma realidad: “lo cierto es que le pusimos $ 3.000 en el bolsillo a los docentes”, subraya. Lo cual objetivamente no deja de ser verdad. Otra verdad que el 99,9 % de los docentes no aceptaron.

La vuelta de Mario

No se trata de la serie de videojuegos de plataformas creados por la empresa desarrolladora Nintendo y protagonizados por su mascota Mario, sino del ex intendente, diputado nacional y Embajador en Uruguay Mario Barletta, quien volvió a reunir más de un centenar de seguidores en un camping gremial costero para diseñar su esquema político de cara al electoral 2021 que, aseguran sus seguidores, lo tendrá como participante.

Previamente, Barletta fue sorprendido por un grupo de empresarios amigos que lo invitaron a candidatearse como presidente del club de sus amores: Colón de Santa Fe en las elecciones que tendrá lugar en junio próximo. Barletta admitió que la propuesta “de un grupo de amigos” lo “entusiasma”, y que habrá novedades “en los próximos días”. 

El ex titular también de la UCR nacional está dispuesto a recorrer los 19 Departamentos para ir consolidando grupos de trabajo, dentro de Juntos por el Cambio, con correligionarios y extrapartidarios “que quieran formar parte de quizás un gran frente santafesino para volver al poder en el 2023”, se entusiasma Barletta pensando en convencer a los actuales consorcistas del FPCyS para construir ese “gran frente amplio” para las gubernamentales del 2023. Barletta es consciente que para las intermedias legislativas del año que viene no hay chances de unir esas disímiles voluntades políticas e ideológicas.



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