La Sociedad Rural de Santa Fe frente a la situación de Vicentin SA

Comunicado firmado por el Presidente CPN Ricardo Argenti y el secretario Dr. Ignacio Mántaras.

 

Los acontecimientos derivados del tema que hoy nos ocupa y preocupa se precipitan con asombrosa rapidez, y no es para menos. Se trata de que los argentinos resolvamos de qué lado queremos estar, si dentro o fuera de la Constitución y las Leyes de nuestra República.

 

Esta semana el Presidente de la Nación dispuso por un DNU la intervención de Vicentin SA, desplazó a su Directorio de la conducción de la empresa, y designó un Interventor y un Sub Interventor. Además, anunció que enviaría al Congreso Nacional un proyecto de Ley para la expropiación de los  bienes de la empresa; luego se reunió con sus Directivos y hubo una aparente reconsideración de esta última medida;  y por último volvió a anunciar el próximo envío del mencionado proyecto.

 

La intervención decretada por el Gobierno Nacional, en el caso de una empresa en Concurso de Acreedores en etapa de verificación de sus créditos, no está contemplada en nuestra legislación concursal, es una medida que puede tomar solamente el Juez del Concurso si así lo ameritan las circunstancias. En el proceso de Verificación de Créditos en curso, se llegará a conocer el verdadero Pasivo de la empresa, cuando el Juez de la causa, previo Informe de la Sindicatura, legitime los montos de los créditos de los acreedores que se hayan presentado a reclamarlos. Además, dada la magnitud de la deuda y los acreedores involucrados, existe una Comisión de Seguimiento integrada por los mismos, entre los cuales está representado el Estado a través del Banco de la Nación Argentina.

 

En síntesis, el Presidente agregó, a un procedimiento que respeta la Ley, la figura de un Interventor cuya designación es ilegal, que colisiona con la función de la Sindicatura, y le agrega al Juez un interlocutor cuya validez no existe. Hoy, observamos con estupor que, luego de una justificada resistencia del pueblo de Avellaneda y Reconquista, el Interventor ya está ocupando su cargo. Con qué autoridad y sustento legal ejercerá sus funciones y se vinculará con el Juez del Concurso, es una incógnita a develar, que no tiene respuesta en nuestras leyes. 

 

En cambio la expropiación, si es aprobada por el Congreso Nacional conforme a derecho y con el procedimiento que fijan nuestras leyes, será “legal”. Lo que no significa que sea legítima, y que implica un verdadero atropello a la convivencia democrática y a nuestro estilo de vida. 

 

En efecto, el Presidente ha dicho hasta el cansancio que lo que se pretende es expropiarla para reactivarla, asegurando así la fuente de trabajo de sus empleados y el cumplimiento con sus acreedores. No parece ni razonable ni legítimo que el Estado, que se encuentra quebrado y renegociando una deuda impagable, resuelva hacerse cargo de esa deuda con los impuestos que pagamos todos los argentinos. Y en la futura gestión de la empresa, permítasenos dudar de la eficiencia de un Estado que ha demostrado sobrada incapacidad para convertirse en empresario, no sólo con este gobierno, sino con todos los que lo precedieron, sin distinción de color político.

 

A tal punto llega la ilegitimidad de lo que se está planteando, que el mismísimo Presidente se ha visto en la necesidad de salir a aclarar que ésta no es una decisión impuesta por la Vicepresidente Cristina Fernández, que este Gobierno no tiene previsto seguir estatizando empresas; un Ministro de su Gabinete ha considerado oportuno aclararnos que Argentina no va camino a ser Venezuela, que la situación es muy diferente; nuestro Gobernador Omar Perotti, nos habla de la conveniencia de estas medidas para encontrar una salida consensuada para la empresa….Nos preguntamos, cómo se llega a una “salida consensuada” fuera de la Ley? Como expresa un viejo dicho popular, Señores “no aclaren que oscurece”.      

 

   No respetar las Leyes provoca inseguridad jurídica, aleja a posibles inversores privados que hoy nos resultan indispensables para nuestro desarrollo, y le imprime a cualquier procedimiento una incertidumbre que los argentinos no nos merecemos. Sin inversión, y en este marco que se ha provocado, habrá menos crecimiento, menos trabajo, más pobreza, y se seguirá hipotecando el futuro de nuestra Patria.

 

 Señor Presidente, todavía está a tiempo. No siga adelante con este fatídico proceso. Deje que la Justicia haga su trabajo. Si Vicentín SA resuelve su situación, que lo haga en el ámbito privado que corresponde y en el marco del proceso concursal, es decir el de la Constitución y las Leyes. Si no lo hace y el camino es la Quiebra, será tal vez el momento de pensar en alternativas superadoras, ya sea a través de capital privado, estatal y/o mixto. Y si en cualquier instancia de este proceso se determina que algunos integrantes del grupo empresario o terceros involucrados cometieron fraudes u otros delitos, que sean imputados, procesados y condenados,  como en cualquier estado de derecho;  y como debería haberse hecho con tantos ex funcionarios bajo procesos eternos, que hoy todavía la ciudadanía no sabe si son personas honorables o delincuentes.

 

  Señor Gobernador de Santa Fe, le solicitamos que defienda los bienes y el trabajo de los santafesinos. Esperamos que revierta su decisión de apoyar este atropello jurídico. No se confunda, ni Argentina ni Santa Fe se identifican con estos patéticos modelos. Sólo respetando las leyes, y sin ideologías foráneas que nada tienen que ver con nosotros, vamos a generar el desarrollo que nos permita salir de esta pobreza.       



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